jueves, 18 de octubre de 2007

Banda Ancha con Manga Ancha

Alberto Mordojovich
Gerente General
Magenta y RedVoiss


Nuevamente debimos recurrir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Al parecer, la empresa dominante en las telecomunicaciones chilenas, Telefónica CTC, no trepidará en ponernos todos los obstáculos a su alcance, lícitos e ilícitos, para evitar o postergar realizar nuestra visión de empresa en nuestro propio país. Esta es simplemente que la telefonía será una aplicación más de la red Internet. Este Blog nace para que quienes quieran seguir y opinar sobre el desarrollo de este nuevo Juicio, lo puedan hacer libremente. A continuación se resume brevemente nuestra posición y el por qué debimos embarcarnos en este "emprendimiento judicial", sin quererlo. Somos los primeros en reconocer que no nos corresponde hacer política pública, pero ante la omisión y el descuido de las autoridades competentes en el tema de la Banda Ancha, nos vemos forzados a cuidar nuestros intereses y los de nuestros clientes por la única vía efectiva de éxito que nos queda: los Tribunales de Justicia.

Un plan de Telefónica CTC, empresa dominante en telefonía y banda ancha en Chile, de 300 Kbps cuesta por sí solo $ 24.490. Sin embargo, CTC obliga a este tipo de cliente a pagar adicionalmente el cargo fijo de la línea telefónica, en una venta atada, el que equivale a $ 9.253 en Santiago. Por lo tanto, el costo total asciende a $ 33.743, es decir a 65 dólares mensuales. Sin embargo, un plan de idéntica capacidad, pero comprado conjuntamente con 350 minutos de telefonía en esta misma compañía cuesta $ 25.490, cargo fijo incluido. Es decir, el consumidor paga $ 8.253 menos si contrata banda ancha y telefonía en forma conjunta a lo que pagaría si contrata la banda ancha en forma independiente.

¿Tiene alguna lógica económica esta política de precios? ¿Pueden dos servicios vendidos en conjunto costar menos que uno de ellos vendido individualmente? ¿Son convenientes estos precios para el consumidor? ¿Estamos frente a un mercado en competencia o frente a uno monopólico? ¿Hay regulación de precios en telefonía? ¿Hay regulación de precios en Banda Ancha?

Si existiera competencia en ambos servicios no existiría esta distorsión ilógica de precios, ya que el precio de cada uno de ellos reflejaría los costos directos de proveerlo. Por supuesto existirían economías en la venta conjunta de ambos servicios, pero en ningún caso éstas llegarían al extremo de hacer más barato proveer dos servicios que uno solo, cualquiera de ellos.

Por lo tanto, estamos en presencia de una falla del mercado aprovechada abusivamente por la compañía dominante. Esta política de precios ha eliminado practicamente a todos los proveedores independientes de acceso a Internet, ya que no pueden regalar la telefonía. Además, impide el desarrollo de las empresas de telefonía por Internet, ya que ellas necesitan el acceso de Banda Ancha en sus clientes, pero a éstos les conviene aceptar la oferta de telefonía subsidiada y más aún con dinero encima del plan conjunto. Por lo tanto, estas ofertas de empaquetamiento excluyente eliminan la competencia y debieran haber sido sancionadas hace bastante tiempo ya por el Gobierno.

Se podría pensar que CTC regala generosamente minutos de telefonía, pero ¿Dónde pierde el consumidor? ¿Dónde esta la trampa? La respuesta está en el precio de la Banda Ancha, el que ha sido artificialmente “inflado” para proteger los ingresos tradicionales del monopolio. El poder de mercado de CTC se ejerce ahora en este mercado, ya que la telefonía es mucho más competitiva, no así la Banda Ancha. En efecto, si la Banda Ancha costara $ 10.000 o 20 dólares mensuales, como de hecho ocurre en mercados donde existe competencia en este servicio a través de la desagregación de redes - curiosamente descartada en Chile por Subtel - entonces la telefonía por Internet se impondría en las preferencias del consumidor, ya que su costo es muy inferior al de la telefonía tradicional e incluso eventualmente gratis, como el correo electrónico. El consumidor terminaría pagando la mitad o menos del “atractivo”, pero engañador, precio del paquete por ambos servicios.
Los costos de las omisiones del Gobierno en esta importante materia lo deben soportar quienes, pudiendo superar la brecha digital, aún no pueden hacerlo porque el precio del acceso a Internet es injusto. Este mercado no opera en competencia ni con transparencia, situación que debe paliar el Estado por cuenta de los consumidores, a través del fomento de una competencia real o de la regulación de precios para una efectiva protección de los consumidores.